7.- Estabilidad de Interinos


De conformidad con el artículo 56 de la Constitución, el trabajo es derecho de todo individuo. De ello se desprende que existe también a favor de los ciudadanos el derecho a la estabilidad en el empleo, siempre y cuando ello se dé dentro del margen de respeto a la Constitución y las leyes.

Si bien el funcionario interino no goza de inamovilidad en el puesto, sí posee estabilidad, la cual puede hacer valer frente a cualquier otro funcionario que pretenda nombrarse en forma interina en el mismo puesto por él ocupado.  

Tratándose de plazas vacantes, el servidor interino goza de una estabilidad relativa o impropia, en el sentido de que no puede ser cesado de su puesto a menos que se nombre en él a otro funcionario en propiedad.

Así se establece en la Resolución Nº08745-98 (Expediente 98-006938-007-CO-C), de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en San José, a las 9:12 horas del 11 de diciembre de 1998.

* Recurso de amparo interpuesto por B.Y.Q. contra el Gerente de División Médica de la CCSS.


Resultando:

1.- Señala el recurrente que desde el 16 de abril de 1998, el amparado B.Y.Q. venía desempeñado funciones en la CCSS como Supervisor Regional en Odontología, en la plaza Nº13834, la cual se encuentra vacante. El 1º de octubre del año en curso, el recurrido ordenó, mediante oficio 15914, al Director Regional de Servicios Médicos de la Región Central Norte, cesar el nombramiento interino del amparado a partir del 9 de octubre último y nombrar en su lugar a otra servidora, F.C.D.P. quien se desempeñaría en condición de interina. Estima que la sustitución del recurrente por otro servidor interino mediante un acto que carece de fundamentación, causa grave perjuicio al amparado pues deberá ocupar una plaza de rango menor y contraviene los artículos 11, 39, 56, 191 y 192 de la Constitución Política.

2.- Informa bajo juramento F.F.D., Gerente de la División Médica de la CCSS, que el recurrente ingresó a laborar a la Caja en forma interina el 20 de marzo de 1990, nombrándosele en propiedad en la Clínica de Guácimo, como Odontólogo General. El titular de la plaza 13834 se acogió a la pensión y en ella se nombró interinamente al accionante, nombramiento que venció el 9 de octubre de 1998. Como éste tiene su plaza en propiedad, se procedió a nombrar a la Dra. F.C.D.P., que se encuentra laborando interinamente para la Caja desde hace aproximadamente diez años, como Supervisora Regional de Odontología.
Explica que el puesto aludido es una plaza de confianza de la Dirección Regional Central Norte y la decisión de nombrar a la Dra. F.C.D.P. se basó en que se venían presentando problemas por la ausencia del recurrente de su puesto en la Clínica de Guácimo y que ella venía  desempeñándose en forma interina desde hace diez años y posee idoneidad para el puesto. Estima que el regreso del recurrente a su puesto en propiedad no le ha causado perjuicio alguno pues el salario que venía recibiendo se ha visto aumentado por el rubro de asignación de vivienda por encontrarse en la localidad de Guápiles.

3.- En memorial... presentado el 5 de octubre, la Dra. F.C.D.P. explica que ha venido laborando para la CCSS desde el año 1991 sin estar nombrada en propiedad en ninguna plaza y fue llamada a servir como Supervisora de Odontología en la Dirección de Servicios Médicos Central Norte en un puesto no incluido dentro del Régimen de Servicio Civil. Entiende que el recurrente ocupa una plaza en propiedad en la Clínica de Guácimo y de ejecutarse la suspensión del acto impugnado, se quedaría sin plaza ni salario. Afirma que el salario que recibe el recurrente en su puesto en propiedad es idéntico al que recibiría en el otro puesto, de manera que el acto impugnado no le está ocasionando perjuicio alguno. Por tanto, solicita se revoque la suspensión ordenada. Dado que la plaza de Supervisor es un puesto de confianza, por lo que no requiere que se efectúe concurso, considera procedente que el recurso sea desestimado.

4.- En memorial... presentado el 18 de noviembre de 1998, el recurrente se refiere al informe rendido por la autoridad recurrida y afirma que no existe normativa alguna que defina el puesto de Supervisor Regional de Odontología como un puesto de confianza. Agrega que además del perjuicio económico que le ocasiona al amparado el acto impugnado, también existe un perjuicio en el status laboral profesional dado el descenso de su representado de una plaza de Supervisor Regional a una de Odontólogo General.

5.- Mediante escrito... en el que se adjunta un informe de la Dirección de Recursos Humanos de la CCSS, se informa que la plaza de Odontólogo Jefe está ubicada en la Dirección Regional Central Norte. Los cargos de “Supervisor Regional” se han creado según las necesidades institucionales, convirtiéndose en el personal de confianza que brinda asesoría en diversas especialidades.


Considerando:

1.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que el recurrente ingresó a laborar a la Caja en forma interina el 20 de marzo de 1990, nombrándosele en propiedad en la Clínica de Guácimo como Odontólogo General... b) que cuando el titular de la plaza Nº 13834 denominada “Odontólogo Jefe Clínica” se acogió a la pensión, en ella se nombró interinamente al accionante por un período que venció el 9 de octubre de 1998... c) que, según instrucciones de la Gerencia de División Médica, a partir del 12 de octubre de 1998 se procedió a nombrar en forma interina en esa plaza a la Dra. F.C.D.P... d) que mediante resolución de las 11:21 hs. del 18 de noviembre se ordenó al recurrido aclarar cuál es el fundamento jurídico que permite tener la plaza de Odontólogo Jefe Clínica, código presupuestario 13834, como una plaza de confianza y aportar la prueba pertinente... e) que el recurrido incumplió la prevención hecha por la Sala.

II.- Sobre el fondo. Del examen de las circunstancias que ha ocurrido en este caso y de los hechos que se tienen por comprobados, la Sala arriba a la conclusión de que el amparado se encontraba nombrado en la plaza 13834 denominada Odontólogo Jefe Clínica en virtud de un ascenso interino efectuado por el período del 16 de abril de 1998 hasta el 9 de octubre de 1998. Una vez que venció dicho nombramiento, se le comunicó que debía volver al puesto de Odontólogo General que ocupa en propiedad y, en la plaza 13834 fue nombrada otra servidora en forma interina, acto que es impugnado por el recurrente por considerarlo contrario a los derechos del amparado.

Ha explicado la autoridad recurrida los motivos por los cuales se consideró conveniente reintegrar al amparado a su puesto en propiedad y nombrar en el puesto de Odontólogo Jefe Clínica a otra servidora, e indica que el puesto aludido es un puesto de confianza. Sin embargo, no consta en el expediente prueba alguna que permita tener por acreditado que el puesto aludido sea de confianza, a pesar de que la Sala previno a la recurrida aportar dicha información.

Por el contrario, del examen de la documentación aportada, se constata que aunque el recurrido se refiera al puesto en disputa como Supervisor Regional, el nombre correcto que aparece en la acción de personal es el de “Odontólogo Jefe Clínica” y no consta dicho documento ni se ha suministrado a la Sala fundamento Jurídico alguno que demuestre que es un puesto de confianza. Por tal motivo, no procede atribuirle al puesto las características propias de uno de confianza que permiten el libre nombramiento y remoción del servidor.

Por el contrario, debemos asumir que el cargo que ocupaba el amparado como Odontólogo Jefe Clínica está cubierto por las características de inamovilidad propias de los funcionarios públicos. En este caso, dado que el amparado se encontraba nombrado interinamente, ha reconocido la Sala que disfrutaba de una inamovilidad o estabilidad relativa, de manera que solo puede removérsele cuando concurran las circunstancias que así lo exijan, tal como el regreso del titular del puesto. Sin embargo, en la jurisprudencia de esta Sala se establece:

"...de conformidad con el artículo 56 de la Constitución, el trabajo es derecho de todo individuo. De ello se desprende que exista también a favor de los ciudadanos el derecho a la estabilidad en el empleo, siempre y cuando ello se dé dentro del margen de respeto a la Constitución y las leyes. (...) Por otra parte, la figura del servidor interino ha sido concebida con el fin de hacer posible la sustitución temporal de los servidores públicos regulares, garantizando de esta forma la continuidad de la labor del estado, pero no para que mediante el uso de esta figura jurídica, la Administración viole lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución ni lesione el derecho de los individuos a la estabilidad laboral, el cual deriva de la concepción del trabajo como un derecho fundamental del hombre." (Sentencia 867-91 de las 15:08 horas del 3 de mayo de 1991).
"En reiteradas ocasiones esta Sala ha dicho que un servidor interino sólo puede ser sustituido por otro servidor nombrado en propiedad, pero no por otro interino. Si bien el funcionario interino no goza de inamovilidad en el puesto, sí posee estabilidad, la cual puede hacer valer frente a cualquier otro funcionario que pretenda nombrarse en forma interina en el mismo puesto por él ocupado.
“En el caso de que el nombramiento sea en sustitución del propietario, dicha designación está subordinada a la eventualidad de que el titular del puesto regrese a su plaza, caso en el cual debe cesar su nombramiento, ya que éste no le es oponible al titular. Pero, en tratándose de plazas vacantes, el servidor interino goza de una estabilidad relativa o impropia, en el sentido de que no puede ser cesado de su puesto a menos que se nombre en él a otro funcionario en propiedad. Lo contrario constituye una  violación al derecho al  trabajo del servidor interino, que establece el artículo 56 constitucional.
“En efecto, si la titular del puesto había renunciado, esa circunstancia no autorizaba al Directorio Legislativo a cesar al recurrente, pues si bien éste estaba nombrado en forma interina y por el tiempo que durara la incapacidad de la funcionaria titular, como ésta no se reintegró a su puesto por la razón apuntada, lo procedente era mantenerlo en él hasta tanto no se nombrara en propiedad a otro servidor o eventualmente al recurrente, de cumplir con los requisitos necesarios.
“Debe tenerse presente que el recurrente gozaba de una estabilidad relativa en el puesto que es oponible a cualquier otro servidor interino, menos al titular del puesto. De modo que al haberlo cesado para nombrar a otra servidora interina se produjo la acusada violación a sus derechos fundamentales, sin que tenga relevancia alguna el hecho de que su nombramiento ya no fuera en sustitución de ningún servidor, pues con mucha más razón debió mantenérsele el nombramiento interino si la plaza quedó vacante, pues no existía propietario frente al cual no pudiera hacer valer sus derechos.” (Sentencia 7249-94 de las 17:18 horas del 7 de diciembre de 1994.)
En el caso que se examina, consideramos que la remoción o cese del amparado del puesto 13834, denominado Odontólogo Jefe Clínica, no debió realizarse con el fin de nombrar a otro servidor interino pues aunque tal decisión pretendió darle alguna estabilidad laboral a la Doctora nombrada, tal acto lesiona los derechos fundamentales del primero. Conviene insistir en que la remoción procedería únicamente a efecto de nombrar en dicha plaza vacante a un servidor titular o propietario, lo cual no se hizo. En consecuencia, concluimos que el recurso deberá declararse con lugar y ordenar la reinstalación del accionante en el puesto aludido hasta tanto no concurran las circunstancias que ha establecido la Sala permitirían que válidamente se efectúe el cese del nombramiento interino del amparado.


Por tanto:

Se declara con lugar el recurso y se restituye al recurrente en el pleno goce de sus derechos fundamentales.

Proceda la CCSS a reinstalar al recurrente en el puesto que había venido desempeñando en forma interina. Se advierte a los recurridos no incurrir en nuevas conductas que hagan aplicable lo dispuesto en artículos 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena a la CCSS al pago de las costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.


En marzo pasado, el Presidente de la República, Dr. Miguel Ángel Rodríguez, firmó con funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un crédito destinado a las construcciones del  Hospital "Dr. Enrique Baltodano Briceño", de Liberia, y la Clínica de Santo Domingo Heredia.