página
1 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Financiamiento y cobertura del Seguro de Salud
en Costa Rica: desafíos de un modelo exitoso
Financing and coverage of Health Insurance in Costa Rica:
challenges of a successful model
Claudio Arturo Arce Ramírez1; https://orcid.org/0009-0009-1815-2516
1. Asesor, Gerencia Financiera, CCSS; caarce@cccss.sa.cr
Recibido 15 de mayo de 2019. Aceptado 09 de enero de 2020.
RESUMEN
El nanciamiento del Seguro de Salud basado en un esquema de contribuciones sobre el empleo y el aporte estatal se
enfrenta a diversos y múltiples desafíos, como la informalidad del empleo y la expansión del empleo atípico (no estándar),
la crisis scal que enfrenta la Hacienda Pública, el desarrollo de la medicina personalizada y su impacto en el gasto en me-
dicamentos, así como la eciencia en el uso de los recursos del Seguro de Salud, entre otros. La forma en que se enfrenten
estos desafíos tal vez condicione la senda de la cobertura aseguradora de este seguro.
Palabras clave: Financiamiento, Seguro de Salud, cobertura.
ABSTRACT
The financing of Health Insurance based on a frame of employment contribution and governmental support is facing up
several and multiple challenges. Challenges such as informal employment and the increasing of unusual employment
(non-standard), the fiscal crisis affecting the Public Treasury, the development of personalized medicine and its impact
on drug spending, and the challenges in the efficiency of the use of Health Insurance resources, among others. The way
in which these challenges are faced will probably condition the insurance coverage path of this insurance.
Key words: Financing, Health Insurance, coverage.
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es describir los desafíos que
enfrenta el financiamiento del Seguro de Salud para con-
tinuar con la expansión de la cobertura horizontal que ha
distinguido al país y con ello contribuir con la solidaridad y
el acceso universal de la población a los servicios de salud.
Los desafíos son múltiples y diversos; destacan la brecha en-
tre la cobertura contributiva y aseguradora, el esquema de
financiamiento basado en contribuciones, la estructura del
aseguramiento, el desafío de los medicamentos de alto cos-
to, los problemas históricos de evasión y morosidad, la debi-
lidad estatal en honrar en tiempo y forma sus obligaciones,
el impacto de la fallas de eficiencia en el mercado de trabajo
(desempleo e informalización) y por último, las debilidades
en la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
En este contexto, el desafío básico para mejorar la cober-
tura universal de salud no solo es gastar más en la prestación
de servicios de salud, sino principalmente gastar mejor; es
decir, mejorar la eficiencia y la calidad del gasto.
ANTECEDENTES
El origen de la Seguridad Social en Costa Rica se ubica
a partir de la aprobación del “Proyecto de ley de reparación
por accidentes de trabajo”, que constituye el Banco de Segu-
ros como un monopolio estatal de seguros comerciales. Sin
embargo, fue hasta 1941 que se creó la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), la cual se incorporó en 1943 en la
Constitución Política, como parte de las Garantías Sociales.
En ese período solo se cubrían los riesgos de Enfermedad y
Maternidad (EM). La obligación de afiliarse y la posibilidad
https://doi.org/10.62999/gestion.v1i1.177
página
2 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
de disfrutar del derecho se reservaba exclusivamente a los
trabajadores manuales e intelectuales de zonas urbanas con
sueldos bajos. En 1947 se instauró el Seguro de Invalidez, Ve-
jez y Muerte (IVM), cuya cobertura inicial era para servidores
del Estado e instituciones públicas y municipalidades. En ese
mismo año se incorporan los trabajadores administrativos de
la empresa privada. En forma progresiva y sistemática tanto
el Seguro de Salud como el de Pensiones avanzaban hacia
la universalización; actualmente el Seguro de Salud protege
a asegurados directos, familiares, trabajadores independien-
tes, voluntarios y asegurados por el Estado e indigentes.
Siguiendo a Muiser (1) es posible identificar varios hitos
en la expansión de la cobertura contributiva de este seguro:
• Eliminación de los topes salariales de manera incremen-
tal. Originalmente solo se obligaba a los trabajadores
asalariados con sueldos bajos a cotizar para la CCSS.
• Entre 1960 y 1975 se triplicó el tope, para finalmente eli-
minarse del todo, amparado en lo dispuesto en la Ley Or-
gánica del Ministerio de Salud.
Hoy en día el esquema de financiamiento del Seguro de
Salud en el que se basa la política de universalización está
definido bajo un esquema contributivo de carácter obligato-
rio para todos los trabajadores, el cual en algunos casos se
manifiesta bajo una figura tripartida –patrones, trabajadores
y Estado– y en otros con un carácter bipartido –trabajadores
y Estado– como es el caso de trabajadores independientes y
asegurados voluntarios. Complementan este sistema contri-
butivo el grupo de los pensionados y los programas específi-
cos a cargo del Estado.
BRECHA ENTRE LA COBERTURA ASEGURADA Y LA
CONTRIBUTIVA. DESAFÍO PARA LA SOSTENIBILIDAD
El Seguro de Salud históricamente ha desarrollado di-
versas modalidades de aseguramiento contributivo y no
contributivo, con el objeto de procurar la cobertura univer-
sal. Desde su constitución en 1941 se han realizado sucesivos
esfuerzos por mejorar la cobertura y la oferta de servicios (Fi-
gura 1), hasta el desarrollo reciente de la elaboración de un
esquema de aseguramiento particular para las trabajadoras
domésticas, recolectores de café y microempresas.
Sin embargo, se observa una brecha entre la cobertura
contributiva y la cobertura de aseguramiento; así, para el año
2016 la cobertura contributiva (excluyendo Población Eco-
nómicamente Activa –PEA– no remunerada ni PEA que bus-
ca trabajo por primera vez) era del 65,8 % de la PEA, pero la
cobertura de aseguramiento era cercana al 95 % (Figura 2).
Esta situación genera presión sobre las finanzas, por cuanto
se otorgan servicios de salud sin la correspondiente contra-
prestación económica.
Existe un abanico diverso de elementos que inciden en
la cobertura contributiva (Cuadro 1). Los esquemas de ase-
guramiento no contributivo, como el Seguro de Beneficio Fa-
miliar (regulado en el artículo 12 del Reglamento), facilita el
acceso a las prestaciones de salud a los familiares directos de
los asegurados directos que dependan de estos. Además, la
seguridad social no puede negar la atención a cualquier per-
sona que la requiera, independientemente de su condición
de aseguramiento, aunque en teoría está obligada a cobrar el
costo de la atención.
Figura 1. Evolución histórica de las diversas modalidades de aseguramiento contributivo y no contributivo, 2016.
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social, Gerencia Financiera.
página
3 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
De los elementos identificados, están aquellos que el
Seguro de Salud puede contribuir a mejorar, es decir, que se
encuentran bajo su órbita de gestión, y aquellos otros que
son externos a la Institución, por ejemplo, las características
del empleo, de los patronos y del trabajador.
El costo del aseguramiento es un factor de gestión inter-
no y relevante. En el caso del Seguro de Salud y el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte la base mínima contributiva es equi-
valente al menor ingreso de referencia existente en el sector
de trabajadores independientes; es decir, el salario mínimo
legal del trabajador no calificado vigente. En la normativa
existente la base mínima de contribución aplica no solo para
Figura 2. Cobertura de la PEA según categoría ocupacional. Seguro de Salud 2016.
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social, Gerencia Financiera y Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística.
Cuadro 1
Factores que inciden en la cobertura contributiva
Aseguramiento Empleo
Fijación Base Mínima Contributiva lnformalidad de Ia fuerza de trabajo
Costo del aseguramiento relativamente alto Desempleo y sub-empleo
Modalidades no contributivas del aseguramiento Jornadas parciales
Dispositivos de scalización y coacción son onerosos Empleos de alta rotación
Trabajador Patrono
Nivel de ingresos/salarios Empresas en proceso de consolidación
Escolaridad Utilizar cuotas del Seguro de Salud como capital de trabajo
Migrantes El 67% de las empresas cotizantes reporta menos de cinco empleados
Trabajadores independientes subdeclaran el ingreso Únicamente el 2% de las empresas cotizantes indica tener 100 o mas empleados
La evasión no constituye delito penal
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social, Gerencia Financiera Gerencia Financiera.
página
4 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
los de cuenta propia, sino también para el colectivo de asegu-
rados por el Estado, internos en centros penales y asalariados
que reportan menos de la base mínima.
En principio, la introducción de la base mínima contri-
butiva (BMC) en el Seguro de Salud busca establecer corres-
pondencia entre el perfil de beneficios y el nivel mínimo de
contribución. Sin embargo, en la práctica se traduce en un
aumento del costo del aseguramiento; el ejemplo claro es el
de las trabajadoras domésticas, donde al cotizar sobre la base
mínima el costo de aseguramiento se eleva hasta un 29 %.
Por último, aproximadamente el 28 % de la PEA ocupada y el
25 % de la PEA total (Cuadro 2) no aportan al financiamiento
del Seguro de Salud, lo que se traduce en una presión sobre
el financiamiento de este seguro. La proliferación de nuevas
modalidades de contratación de mano de obra, basadas en la
supuesta inexistencia de relación obrero-patronal (el caso de
Uber), constituye un aspecto plausible que explicaría la falta
de cobertura de los trabajadores asalariados.
Para los trabajadores independientes, al menos existen
dos posibles razones que explican el nivel de cobertura: (i) la
precariedad de ingresos (capacidad contributiva) y (ii) la efec-
tividad de los mecanismos de compulsión.
Adicionalmente, solo el 70,2 % de los trabajadores asa-
lariados están protegidos por el Seguro de Salud; pero dicho
indicador varía desde solo el 10 % para los establecimientos
con cinco o menos trabajadores, al 52 % para los estableci-
mientos con 100 o más empleados (2); es claro, entonces, que
el indicador de cobertura mantiene una relación directa con
el tamaño del establecimiento.
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO: DESACELERACIÓN
DE LOS INGRESOS POR CONTRIBUCIONES
El sistema financiero imperante en el Seguro de Salud
está definido bajo un esquema contributivo, combinado con
una participación pequeña de rubros como venta de servi-
cios (personas no aseguradas que deben pagar por los servi-
cios prestados, entre otros), intereses y alquileres, entre otros.
Sin embargo, a pesar de esto, los ingresos por contribuciones
a la seguridad social han venido perdiendo fuerza. Para el
periodo 2005-2016 su aporte se ha disminuido en 12 puntos
porcentuales, pasando del 82 % en el 2005 al 70 % en el 2016.
Una característica de estos ingresos es que el 45 % provie-
nen del Sector Público; sector donde el empleo y los salarios
muestran una mayor estabilidad que en el sector privado.
Sin embargo, en los últimos años el ritmo de crecimiento
del empleo en este sector ha disminuido; así, para el período
2012-2016 el número de trabajadores en el sector privado
creció a un ritmo del 2,3 %, mientras que en las instituciones
autónomas y en el Gobierno Central lo hizo al 1,7 % (2).
La pregunta es, ¿cuáles han sido las estrategias para
enfrentar la disminución relativa de los ingresos por contri-
buciones? La primera estrategia ha sido aumentar las trans-
ferencias que el Sector Público hace al Seguro de Salud; así,
para el 2005 constituían un 4 % de los ingresos totales y para
el 2015 alcanzaban un 8 %, aunque del 2011 al 2015 su rit-
mo de crecimiento disminuyó un 5 %. La segunda estrategia
ha sido el uso de recursos de vigencias anteriores, los cuales
alcanzaron una participación máxima del 11 % en el 2015,
Cuadro 2
Distribución de las contribuciones de la PEA ocupada. Junio, 2015
Concepto Valores
Total PEA (1) 2 305 296
PEA ocupada 2 087 363
Total de trabajadores asalariados (2) 1 543 159
Total de trabajadores independientes 448 897
Total de asegurados asalariados (3) 1 210 043
Total de asegurados trabaj. independientes 204 477
Total asalariados sin asegurar 333 116
Total trabajadores independientes sin asegurar 244 420
Total 577 536
Porcentaje de Ia PEA total sin asegurar 25.1%
Porcentaje de PEA Ocupada sin asegurar 27.7%
1. Datos provenientes del BCCR con base en INEC.
2. Datos provenientes de Ia Encuesta Continua de Empleo (ECE). INEC.
3. Datos provenientes del Sistema de Estadisticas de Patronos , Trabajadores y Salarios. CCSS.
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y Banco Central de Costa Rica (BCCR).
página
5 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
mientras que en el 2005 constituían un 5 %. Dentro de estos
fondos se ubican los Recursos Específicos (i.e. aquellos que
solo pueden ser utilizados para el fin por el cual fueron crea-
dos); tal es el caso de las transferencias del Instituto Costarri-
cense contra el Cáncer y los provenientes de la Ley N° 9028,
conocida como Ley Anti-Tabaco.
ESTRUCTURA DEL ASEGURAMIENTO
Y CONSECUENCIAS NO DESEADAS
Del cuadro siguiente, se destaca que un 54,6 % de la
población está asegurada directamente, mientras que un
35,8 % lo está por medio del seguro familiar, con lo cual por
cada asegurado directo (cotizante) hay 0,66 personas que no
cotizan y que están protegidas por esta modalidad de asegu-
ramiento (Cuadro 3).
Aunque originalmente el aseguramiento de beneficio fa-
miliar es una herramienta dirigida a garantizar la protección
social de salud a las personas en dependencia económica del
asegurado directo, podría propiciar consecuencias no de-
seadas. Por ejemplo, de las 1644166 personas cubiertas con
esta modalidad de aseguramiento, el 64,1 % son mujeres, y
de estas el 12 % se encuentra dentro de la fuerza de trabajo,
según los datos de la Encuesta de Hogares del 2016; es decir,
existen 197 299 mujeres que no deberían estar gozando del
Seguro de Beneficio Familiar, sino que deberían ser asegura-
das directas.
De tal forma, es un esquema que genera un incentivo per-
verso al aseguramiento, en el tanto que motiva a asegurarse
en una modalidad que es más barata (costo del dependiente
del familiar es igual a cero) que aquella a la que correspon-
dería (en este caso asalariada, que le corresponde una de-
ducción del 9,34 % de su salario). Destaca también que un
12,7 % de la población (las personas en edad activa que se
encuentran en situación de pobreza y que no se encuentran
cubiertas por el seguro como cotizantes directos o como sus
familiares dependientes de un cotizante directo) está asegu-
rada por cuenta del Estado, que paga el seguro a la Caja; a ese
12,7 % se suma el 2,5 % de los pensionados por el Régimen
no Contributivo, por quienes el Estado paga su aseguramien-
to en salud.
Sobre este tema, es importante mencionar que las per-
sonas en edad productiva aseguradas por cuenta del Estado
(12,7 %) tienen protección de salud pero no de pensiones; en
este sentido, se debe recordar que los asegurados por Cuen-
ta del Estado, así como los dependientes del asegurado di-
recto no cotizan al régimen de pensiones. Esta característica
implica al menos dos cosas: a) en el mejor de los casos esta
población podría aspirar a una pensión del Régimen No Con-
tributivo (RNC) de Monto Básico, y b) existe necesidad en el
país de abordar esta situación, pues un porcentaje importan-
te de población no va a disfrutar de pensión en la vejez, con
las consecuencias en la pobreza que ello implica.
Cuadro 3
Estructura del aseguramiento. Seguro de Salud. 2016
Detalle 2016 %
Población Nacional (A+B+C+D) 4 889 762 100%
Asegurados Directos
Asalariados 1 159 702 23.7%
Cuenta Propia 389 057 8.0%
Convenios 30 410 0.6%
Otras formas de seguro (estudiante, refugiado) 23 083 0.5%
Pensionado de Régimen IVM 272 485 5.6%
Regímenes Especiales (Magisterio, Poder Judicial, Hacienda) 50 897 1.0%
Régimen No Contributivo (Monto Básico + Gracia o Guerra) 123 629 2.5%
Por el Estado 620 582 12.7%
A. Sub-Total Asegurados Directos 2 669 845 54.6%
Dependientes de Asegurado Directo 1 644 166 33.6%
Dependientes de Pensionado 105 693 2.2%
B. Sub-Total Asegurados lndirectos 1 749 859 35.8%
C. Segura privado o del extranjero 15 766 0.3%
D. Población No Asegurada 454 292 9.3%
Fuente: Dirección Actuarial y Económica. Encuesta de Hogares; 2016.
página
6 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Por otra parte, según los datos de la Encuesta de Hogares,
454 292 personas (9,3 % de la población) no están protegidas
por la seguridad social, ya que ni cotizan ni son dependientes
de un asegurado directo; aunado a esto, la penetración de los
seguros privados en salud continúa siendo muy baja (0,3 %),
aunque los gastos de bolsillo van en aumento y ahora son
más altos que los del promedio de los países que integran la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE),y estos se concentran en los grupos de población de
mayores ingresos (3).
PROBLEMAS HISTÓRICOS Y RECURRENTES:
EVASIÓN, MOROSIDAD Y DEUDA ESTATAL
Desde el 2013 la Contraloría General de la República
evidencia que la evasión de salarios en el Seguro de Salud
asciende a un 16,4 % global (sector público y privado) y un
25,8 % para el sector privado. En relación con los trabajadores
independientes, este órgano estima que el nivel de evasión
por subdeclaración de ingresos fue del 64,2 % (4). En un estu-
dio posterior, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
estimó que la evasión de los asalariados para ese mismo año
alcanzó el 30,73 % sobre las cuotas cobradas, mientras que
en el caso de los trabajadores independientes fue del 107,2 %
(5). Los valores difieren producto del abordaje metodológico
elegido por los investigadores. Sin embargo, coinciden en las
tendencias: a) la evasión por salarios disminuye en el período
2010-2012 y b) la evasión de los trabajadores independientes
es muy elevada, aunque con una leve disminución para los
últimos años de medición. En el caso de la morosidad de los
trabajadores independientes, es útil destacar que a pesar de
que esta ha crecido, lo ha hecho a un ritmo cada vez menor
en los últimos años. Así, en términos nominales, durante el
periodo 2014-2017, la tasa de crecimiento experimentó una
desaceleración de más de 8 %, ya que pasó de un 31,4 % en el
2014 a un 22,62 % en el 2016; mientras que en el caso de los
asalariados, el indicador porcentaje de morosidad activa en
relación con la facturación en el 2015 se encontraba en 26,6 %.
Un aspecto que explica los niveles de morosidad obser-
vados es que el trabajador independiente una vez afiliado y
aunque haya dejado de cancelar las cuotas, se le continúa
facturando. En este caso, lo que se sugiere es establecer un
período máximo para la exclusión automática, cuando se
observen estos casos; así, por ejemplo, en la modalidad de
aseguramiento voluntario, de acuerdo con el Reglamento de
Salud, se establece que después de seis meses consecutivos
de no cotizar, se le suspende la facturación de los compro-
bantes de pago al trabajador, y podrá activar la condición de
asegurado una vez que haya cancelado las cuotas adeudas
hasta un máximo de seis mensualidades.
Cabe destacar que a junio de 2018, la deuda estatal to-
taliza ¢1,28 billones, de los cuales ¢1,09 billones (86 %) co-
rresponden al Seguro de Salud y ¢186,255 millones (14%)
al Seguro de IVM. En el caso del Seguro de Salud, la deuda
acumulada constituye casi el 50 % del presupuesto de este
seguro para el 2018.
Es importante recalcar que el Gobierno desempeña un
papel importante en el financiamiento de los seguros socia-
les, tanto desde su condición de patrono como de Estado pro-
piamente dicho. Las estadísticas del año 2017 denotan que el
Ministerio de Hacienda aporta el 20 % de los ingresos totales
del Seguro de Salud; el 9,6 % mediante cuotas patronales y
el 10,4 % restante como parte del financiamiento de cuotas
complementarias, Estado como tal y programas (paternidad
responsable, plan nacional de vacunación, Ley de control del
tabaco y programa del Ministerio de Salud).
INFORMALIZACIÓN Y DESEMPLEO
EN EL MERCADO DE TRABAJO
Al tener como fuente de financiamiento las contribucio-
nes, las características del empleo (formal e informal) consti-
tuyen un aspecto central para observar la posible trayectoria
de los ingresos futuros. De acuerdo con los datos de la En-
cuesta Continua de Empleo (ECE), para el primer trimestre
del 2017 el 43,2 % de la población ocupada tenía un empleo
informal según la definición del Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INEC); a ello se agrega que en promedio el
25 % de dependientes se encuentran con empleo informal
para el período 2010-2017 (I trimestre), es decir, asalariados
que tienen empleo informal o trabajadores no remunerados
en el sector formal. Un aspecto a valorar en el crecimiento
del empleo informal, es que estos trabajadores reciben un
conjunto similar de beneficios de salud. El resultado es que el
empleo formal está involuntariamente penalizado, mientras
que el empleo informal está subsidiado.
Por otra parte, en Costa Rica, se estima que 34 647 per-
sonas salieron de la fuerza laboral en el 2016 por sentirse
desalentadas, lo que implica que el desempleo ampliado fue
de 11,1 % ese año. Además, se estima que 148 124 ocupados
buscaban empleo en 2016, por lo que la presión general del
mercado laboral fue de 360 447 personas; es decir, el 16,2 %
de la fuerza de trabajo, según los datos del INEC; lo relevante
es identificar el impacto en las finanzas del Seguro de Salud;
así, en un reciente estudio efectuado en la CCSS, se estimó
una pérdida de “alrededor del 8 % de la masa cotizante de
SEM producto del desempleo” (6).
EL DESAFÍO DE LOS MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO
El Seguro de Salud destina aproximadamente US$250
millones anuales a la adquisición de medicamentos que com-
ponen la Lista Oficial de Medicamentos (LOM); en los últimos
años este gasto ha constituido en promedio un 7-8 % del gas-
to total en salud.
Los medicamentos NO LOM (aquellos utilizados en la
atención de patologías de grupos minoritarios y adquiridos
por los hospitales), por su parte, representaban en el 2016
el 14,3 % del gasto total de medicamentos, y aunque no
página
7 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
parecen constituir un factor de presión sobre las finanzas en
el corto plazo, su ritmo de crecimiento es mayor que el de los
medicamentos LOM, sobre todo en los últimos años; incluso,
su ritmo de crecimiento supera al gasto total del Seguro de
Salud (Figura 3).
Este crecimiento es entendible, ya que es ocasionado
por el alto impacto financiero de los nuevos fármacos biotec-
nológicos, como la Imigluserase y la Algasidasa (prescriptos
para la enfermedad de Gaucher y Fabry, respectivamente), así
como los medicamentos para el tratamiento del cáncer, que
en algunos casos generan un costo-tratamiento anual por
paciente superior a los $200000 dólares. Esta tendencia tal
vez se agrave, ya que según la información de la CCSS, en la
Carga de Enfermedad el 62 % de los Años Ajustados por Dis-
capacidad (AVAD) corresponden a enfermedades crónicas no
transmisibles. En esta dirección, se estima que para el 2024 el
gasto de las unidades médicas constituirá el 23 % del gasto
en relación con el programa 5101.
Esta estimación tal vez sea conservadora, pues no incor-
pora el desafío que implica la medicina personalizada y su im-
pacto en la producción de medicamentos. El modelo actual
de producción de la industria farmacéutica consiste en desa-
rrollar medicamentos que puedan ser utilizados por el mayor
número de pacientes y para varias indicaciones, pero tiene el
riesgo de estancarse a favor de un nuevo modelo que des-
cansa en el desarrollo de medicamentos adaptados al perfil
biológico y patológico de cada paciente; a título de ejemplo,
para el 2017 estas terapias suponían alrededor del 35 % del
total de autorizaciones de comercialización otorgadas por la
Food and Drug Administration (FDA) para nuevas moléculas, y
hace 10 años esta proporción era de apenas el 10 %.
Estos elementos son indicativos de la necesidad de que
el Seguro de Salud identifique fuentes de recursos adicio-
nales (i.e impuestos específicos) para enfrentar el probable
incremento del gasto en medicamentos, y desarrolle un es-
quema regulatorio que permita racionalizar los precios de
adquisición de los medicamentos, así como dar monitoreo
y seguimiento continuo a la evolución de los precios y las
cantidades adquiridas.
EL DESAFÍO DE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD
EN LA PRESTACIÓN DESERVICIOS DE SALUD
En el caso de los hospitales, se observa una brecha cre-
ciente entre el comportamiento del gasto real (eliminando el
efecto inflación) y algunos datos de producción hospitalaria:
egresos, urgencias, intervenciones quirúrgicas y consultas a
especialistas (Figura 4).
Como se observa en el gráfico, el nivel y el ritmo de cre-
cimiento del gasto superan con creces los niveles de pro-
ductividad observados. Aunque no es propósito de este
documento analizar las causas de este comportamiento, sí
es interesante destacar, por ejemplo, el caso de los pacientes
operados, que podría estar asociado con el hecho de que en
las 177 salas de operación disponibles no se utiliza el 31,2 %
de los días hábiles disponibles; a ello se agrega que el índice
ambulatorio institucional era de un 23,5 % para el 2015, aun-
que si se toma en cuenta solo a los hospitales (excluyendo a
Figura 3. Ritmo de crecimiento del gasto del Seguro de Salud, medicamentos LOM y NO LOM y Tránsito.IPC. 2015=100.
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Dirección de Presupuesto, y Banco Central de Costa Rica (BCCR).
página
8 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Figura 4. Comportamiento de los gastos reales hospitalarios e indicadores de producción. 2015=100.
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Anuarios Estadísticos y Sistema Ejecutivo de Información Presupuestaria.
los establecimientos ambulatorios), el índice de cirugía am-
bulatoria disminuye a 20,8 % (7).
De lo anterior se colige que es necesario que el Seguro
de Salud introduzca elementos prospectivos en la asigna-
ción de recursos; por ejemplo, asignar el presupuesto a los
hospitales según los Grupos Relacionados con el Diagnóstico
(GRD); metodología que asocia los fondos asignados con la
complejidad (casuística) y eficiencia hospitalaria, tal como lo
recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
informe del año 2010.
CONCLUSIONES
El financiamiento tripartido del Seguro de Salud ha per-
mitido avanzar hacia la ruta de la cobertura universal en salud
de la población costarricense. Sin embargo, para continuar
con la ampliación de la cobertura horizontal, se requiere un
conjunto de medidas organizativas, de financiamiento y de
gestión del gasto.
En cuanto a las medidas organizativas, se sugiere imple-
mentar un agresivo plan de simplificación de trámites en la
inscripción patronal y de los trabajadores independientes,
reestructurando estos procesos y utilizando la tecnología dis-
ponible en forma agresiva.
Respecto al financiamiento, en el corto plazo, se aconse-
ja continuar desarrollando esquemas de aseguramiento que
promuevan la incorporación de población de difícil cobertu-
ra y reformar la modalidad de aseguramiento de Beneficio
Familiar por los incentivos incorrectos que genera; además,
para enfrentar la presión del gasto en medicamentos, se su-
giere coadyuvar en identificar nuevas fuentes de financia-
miento (por ejemplo, impuestos específicos) que permitan
generar recursos frescos al Seguro de Salud y desarrollar un
esquema de regulación enfocada en racionalizar los precios;
asimismo, rediseñar la base mínima contributiva, en el tanto
tiende a encarecer el costo del aseguramiento, para que res-
ponda a la dinámica de la informalización y la presión de los
nuevos empleos que se observan en el mercado laboral.
En el mediano plazo, el financiamiento podría migrar
gradualmente hacia un financiamiento híbrido, conformado
por impuestos generales y contribuciones. En el largo plazo,
la tendencia es que el financiamiento recaiga en impuestos
generales, con lo que además se favorece la formalización en
el mercado de trabajo.
Sin embargo, las medidas sobre el financiamiento pare-
cen ser insuficientes. Es fundamental mejorar la calidad del
gasto para cerrar la brecha entre gasto y resultados alcan-
zados; en esta dirección, la introducción de elementos pros-
pectivos en la asignación de recursos a los hospitales (GRD) y
áreas de salud constituye un aspecto básico.
página
9 de 9
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
Gestión en Salud y Seguridad Social • ISSN: 2215-6216 • Vol. 1 (1): e177, Enero-Diciembre, 2022
(Publicado Nov. 19, 2022)
DECLARACIÓN DE CONFLICTOS
El autor firmante declara que no existe ningún potencial
conflicto de interés relacionado con el artículo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Muiser J. La Seguridad Social en Costa Rica en los últimos veinte años:
comportamiento del Seguro de Salud en perspectiva comparada (1990–
2010). Vigésimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano
Sostenible (2013). San José: Programa Estado de la Nación; 2013.
2. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sistema de Estadísticas de
Patronos, Trabajadores y Salarios de la Dirección Actuarial. San José:
CCSS; 2015.
3. Campos J, Slon P, Vargas JR. Gasto catastrófico en salud de los adultos
mayores en Costa Rica. Simposio de la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos. San José: Universidad de Costa Rica, Escuela de Economía;
2016.
4. Contraloría General de la República (CGR). Estudio especial sobre las
contribuciones a la Seguridad Social: una estimación de la evasión.
Informe DFOE-SAF-IF-04-2013. San José: CGR, División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa; 2013.
5. Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial
de la Salud (OMS). Cinco estudios acerca del Seguro Social de Salud de
Costa Rica. San José: OPS/OMS; 2013.
6. Fernández C. El desempleo como desafío para la seguridad social: impacto
reciente y perspectivas a mediano plazo. San José: Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), Dirección Actuarial y Económica; 2017.
7. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Informe de resultados de la
evaluación de la prestación de servicios de salud 2015. San José: CCSS,
Gerencia Médica. Dirección de Compra de Servicios de Salud; 2016.
8. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Compendio de leyes y
reglamentos que rigen a la Caja Costarricense de Seguro Social. San José:
CCSS, Gerencia Financiera. Dirección de Inspección; 2016.
9. Comisión Económica para América Latina (CEPAL). La protección social
de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad. Montevideo,
Uruguay: CEPAL; 2006.
10. Cruces G. Protección social y sistemas de salud: Los sistemas de salud
y de protección social frente a los nuevos escenarios epidemiológicos
y demográficos. Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en
América Latina y el Caribe, 14 y 15 de Noviembre de 2006. Santiago,
Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 2006.
11. Dion-Labrie M, Fortin MC, Hébert MJ, Doucet H. Reflexiones éticas
sobre la medicina personalizada: ¿la alianza entre la ciencia y la
medicina, realizada por fin? Revista Colombiana de Bioética. 2008; 3(2):
57-82.
12. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta continua de
empleo al primer trimestre de 2017. San José: INEC; 2017.
13. Philip M. Economía de la Medicina Personalizada: retos y oportunidades.
Madrid; Fundación Ramón Areces; 2011.
14. Martínez J. La seguridad social en Costa Rica: percepciones y experiencias
de quienes menos tienen y más la necesitan. Washington, D.C.: Banco
Interamericano de Desarrollo; 2006.
15. Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe sobre la salud en
el mundo: la financiación de los sistemas de salud. El camino hacia la
cobertura universal. Ginebra: OMS; 2010.
16. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Experiencia de México
en el establecimiento de impuestos a las bebidas azucaradas como
estrategia de Salud Pública. México: OPS; 2015.
17. Sauma P. Análisis de experiencias internacionales sobre sistemas
nacionales de salud: el caso de Costa Rica. México: CEPAL; 2013.
18. Titelman D. Reformas al sistema de salud en Chile: desafíos pendientes.
Santiago de Chile: CEPAL; 2000.
19. Valdés JD. Vigésimo Primer Informe Estado de la Nación en Desarrollo
Humano Sostenible 2014: Situación financiera del seguro de salud de la
C.C.S.S. San José: Programa Estado de la Nación; 2014.
