1.- DECLARACION DE
PRINCIPIOS
MINISTERIO DE SALUD CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL ASOCIACION COSTARRICENSE DE COMUNICADORES EN SALUD (ACCOS)
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)
X SEMINARIO TALLER "PERIODISMO Y
SALUD DE CARA AL AÑO 2000"
DECLARACION DE PRINCIPIOS ACERCA DE LOS
DERECHOS A LA INFORMACION y A LA SALUD
PRESENTACION
Durante los días 29 y 30 de octubre de
1993, en las instalaciones de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical
Húmeda (EARTH), tuvo lugar el X Seminario-taller sobre "Periodismo y Salud
de cara al año 2000", especialmente dedicado al estudio de las
interrelaciones entre el "Derecho a la Información ya la Salud".
Dicho evento se trazó los objetivos
siguientes:
A- Generales:
Precisar y desarrollar los postulados
fundamentales que permitan, a la vez que fortalecer el derecho a la información
de la colectividad costarricense, salvaguardar los derechos de cada uno de los
sectores involucrados. Elaborar mediante procedimientos democráticos y con
participación de los sectores involucrados, una declaración de principios
acerca del derecho a la información y la salud.
B- Específicos:
Reunir una representación autorizada de
los distintos sectores que participan activamente en el ejercicio del derecho a
la información y en la prestación de servicios de salud, para propiciar un
intercambio amplio, en busca de armonizar los legítimos intereses que le asiste
a cada uno de ellos.
Fortalecer el derecho a la información
que le asiste a la colectividad, mediante principios explícitos
democráticamente concertados. Desarrollar el derecho de acceso a fuentes de
parte de la prensa de conformidad con las normativas vigentes.
Señalar medios y formas de salvaguardar
el derecho a la salud, sin exponer al paciente a riesgos innecesarios en su
recuperación física y mental. Salvaguardar el derecho de los pacientes a su
privacidad.
En el encuentro intervinieron en calidad
de expositores y moderador las siguientes personalidades de los campos del
periodismo y la salud:
- Dr. Elías Jiménez Fonseca, Presidente
Ejecutivo de la CCSS
- Lic. Rodrigo A. Carazo Zeledón,
titular de la Defensoría de los Habitantes;
- Lic. Ignacio Santos Pasamontes, Director del telenoticiero
NC-4,
- Dr. Manrique Soto Pacheco, Director
del Hospital San Juan de Dios,
- Lic. Luis Sáenz Zumbado, Jefe de la
mesa de edición para América Latina de la agencia IPS.
- Lic. Tomás Guerra, profesor de Etica
Profesional de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa
Rica.
También contribuyeron con una activa y
muy valiosa participación, los siguientes profesionales de la salud, el derecho
y la comunicación colectiva:
Jeannette García Jiménez, Damaris Marín
Camacho, Corina Orozco Brenes, Haydée Méndez González, Rodrigo Cordero
Fernández, Olga Goldemberg Guevara, Cathryn Domrose Krudsen, Luis Enrique
Barahona Monge, Gerardo Rodríguez Alfaro, Ahmed Tabash Blanco, Adolfo Blandford
Blandford, Cecilia Zúñiga Morales, Luz Cordero Montero, Ramsés Román Sánchez,
Gabriela Castro Castro, Adriana Quesada Chaverri, José Enrique Sibaja Salguero,
Griselda Sanabria Córdoba, Ana María Navarro Rodríguez, Fabio M. Muñoz Campos,
Liliana M. Incera Villalta, Carlos José Valerio Monge, José Antonio Araya
Alvarado, Ana María Jiménez Rodríguez, Josefina Gutiérrez Agüero, Gabriela
Hernández Herrera, José Luis Valverde Morales, Alvaro S. Blanco Brenes, Roberto
Sawyers Copeland, Elizabeth Chango Trejos, Ana Gardela Ramírez y María
Antonieta López.
Este equipo de alto nivel profesional y científico redactó y concertó la DECLARACION DE PRINCIPIOS ACERCA DE LOS DERECHOS DE INFORMACION y DE SALUD que se reproduce adelante, respecto de la cual formuló además las siguientes recomendaciones:
1) Recabar las opiniones y observaciones
de los directores de los medios de comunicación colectiva y de los colegios de
profesionales en salud y en comunicación;
2) Recabar la aprobación por parte de
la Junta Directiva de la CCSS, con el propósito de validarla como documento
oficial vigente en las unida des propias de la Seguridad Social;
3) Recabar la opinión de las
organizaciones internacionales de Salud, OMS y OPS,
4) Recomendar la presencia permanente de la
Defensoría de los Habitantes en las actividades comprendidas en la Declaración,
con el propósito de garantizar una adecuada observancia de los derechos propios
de las partes involucradas,
5) Darle al documento una adecuada
difusión, con el propósito de estimular su conocimiento, adopción y observancia
por parte de los sectores concernidos.
Guácimo, 29 - 30 de octubre de 1993
1.- PLANTEAMIENTO GENERAL.
La salud, considerada
integralmente como un estado de bienestar mental, físico, social y moral,
producto social que debe alcanzarse con la participación de la comunidad, es
Condición indispensable cara la producción y el disfrute de una existencia
plena y digna del ser humano. La salud es también tema de especial interés
debido, entre otras cosas, a los valores humanos implícitos en ella, lo que la
convierte en objeto del derecho a la información que tienen todas las personas.
Esto explica porqué, en forma espontánea
ha venido desarrollándose un extenso campo informativo sobre temas de salud, en
claro proceso de expansión. En Costa Rica, además, debido a la existencia de un
complejo sistema integral de salud, en el cual la Seguridad Social juega un
papel importante, los aspectos relativos a este campo incumben a toda la
sociedad: como todos, participamos de ese sistema, cuanto ocurra en él puede
llegar a repercutir en el bienestar de cada uno.
Ahora bien, en el derecho a la
información relacionado con el derecho a la salud se involucran varios
intereses, derechos y obligaciones, todos legítimos, así: el interés del
público por obtener una pronta, veraz y objetiva información; el derecho de los
periodistas y de la prensa por investigar, obtener, procesar, analizar y
difundir informaciones de trascendencia general; el interés de los pacientes
por recuperar su salud en condiciones adecuadas; los derechos y obligaciones de
los profesionales y otros trabajadores de la salud de prestar sus servicios
responsable y eficientemente, y los derechos y las obligaciones de las
instituciones de salud, responsables de la seguridad y el bienestar de los
pacientes y fuentes de la información correspondiente.
La presencia simultánea de esos elementos
puede a veces presentar riesgos de interferencias, limitaciones indebidas o
injerencias no convenientes, lo que hace indispensable la adopción de
principios básicos que contribuyan a equilibrar y hacer compatibles esos
intereses, en forma tal que se salvaguarden los derechos de cada sector
involucrado, sin detrimento de los derechos de los demás.
Para que tal normativa sea eficaz, es
necesario que ella se alcance mediante procedimientos democráticos y con
participación precisamente de los sectores involucrados.
B)
B) La función social de la prensa
Las libertades de
información y de prensa, lo mismo que el derecho de acceso a las fuentes
informativas, forman parte del derecho humano fundamental de contar con
información actual e interesante, que le permita a cada ser ya cada grupo,
organizar su vida en la mejor forma posible.
Esas libertades son además la piedra de
toque de las otras libertades consagradas en nuestra legislación positiva, en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José y en
otros instrumentos nacionales e internacionales.
Desde el punto de vista del periodismo,
la defensa y el cultivo de esos derechos y libertades están implícitos en su
función principal, que es la búsqueda y difusión de la verdad sobre asuntos de
interés público, y la defensa de los valores esenciales del ser humano, tarea
que sólo puede realizarse asentados en la independencia, la aplicación de los
altos valores éticos y el empleo del más riguroso instrumental periodístico,
como lo postula la Declaración de Principios de los Medios de Prensa
Centroamericanos.
C)
C) Responsabilidad, de la prensa en salud
D)
Siendo la salud un producto social no
basta para alcanzarla la acción de las instituciones y del personal
especializado; es indispensable contar con el decisivo esfuerzo de la comunidad
y sus instituciones de beneficio social. Para hacer realidad salud integral y
plena de la colectividad, es necesario desplegar una intensa actividad de
coordinación, campo en el cual encajan las principales misiones de la prensa
cuales son informar y orientar.
En numerosos casos como los de emergencia
epidémica o situaciones similares, se ha observado cómo, los esfuerzos de la
prensa, los de las instituciones y el personal de salud, y los de la comunidad
se han podido unir en una acción común, con resultados de plena eficacia, para
beneficio de toda la sociedad.
Ello es la mejor muestra de que los
intereses comunes entre esos factores de la salud, instituciones, personal,
prensa y comunidad, existen y que son perfectamente compatibles cuando se
encaran con una actitud positiva y franca.
Los derechos de cada
persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de
todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, derecho que
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, en forma tal que el ejercicio de éste, lejos de violentar los
otros derechos legítimos del ser humano, contribuyan a engrandecerlos para la
conquista de una vida más plena y digna. Para el cumplimiento de este
propósito, se hace necesaria la adopción de medidas de autocontrol, fundadas en
una sólida base deontológica en los divulgadores.
Esa libertad,
como lo establece el Proyecto de Código Etico de la ONU, estará mejor
garantizada si el personal de los medios de información, constante y
voluntariamente, se esfuerzan por mantener el más alto sentido de
responsabilidad, y se hallan profundamente compenetrados en las obligaciones
morales, de ser verídicos y de buscar la verdad en el relato, en la explicación
y en la interpretación de los hechos.
En este punto, debe señalarse que la
responsabilidad y el autocontrol basada en una sólida formación deontológica,
requiere para realizarse una consistente formación científica profesional, lo
que impone la necesidad del estudio permanente de parte de los comunicadores.
El paciente, como persona privada del
disfrute de su salud, tiene una condición especialmente delicada; se encuentra
bajo el cuidado y la responsabilidad de las instituciones de salud y de los profesionales
que las atienden.
En especial, el paciente está protegido
por el principio constitucional de la inviolabilidad de la vida; se encuentra
protegido por la ley contra injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia y su domicilio, y frente a ataques a su honra o su reputación.
Tiene derecho a su vida privada e
intimidad y, como parte de ellas, al proceso de su tratamiento y recuperación.
Normalmente no es conveniente publicar informaciones ni comentarios sobre su
condición capaces de perjudicar su reputación, a menos que el interés público
sea evidente. Incluso en este caso, puede ser recomendable la reserva del
nombre y de la imagen.
Según el Código Civil, la fotografía o la
imagen de una persona -y por tanto las de un paciente-, no deben ser
publicadas, reproducidas o expuestas en forma alguna si no es con su
consentimiento, a menos que dicha reproducción se justifique por el interés
público.
Por la otra parte, es responsabilidad de
los profesionales y de la institución tratante señalar medios y formas de
salvaguardar el derecho a la salud, sin exponer al paciente a riesgos
innecesarios en su recuperación física y mental. Y es responsabilidad del
comunicador respetar el derecho de los pacientes a su privacidad cuando así lo
requieran los mismos pacientes, o las exigencias de sanidad y asepcia
aconsejadas por la ciencia médica.
El profesional
en medicina se encuentra sujeto al Código de Moral Médica, que postula el
respeto de la vida humana como el deber primordial de los médicos; la exigencia
de atender al paciente en el marco de sus necesidades integrales; la actitud
consciente de los deberes sociales y profesionales hacia el paciente; la
obligación de colaborar en toda política cuya finalidad sea asegurar el mejor
grado de salud posible.
El mismo código consagra la obligación
del médico de guardar el secreto profesional, entendiendo por tal todo aquello
que, por razón de su profesión, haya llegado a su conocimiento, ya sea porque
le fue confiado, o porque lo pudo observar o intuir, en lo que incluye aspectos
propios de la condición del paciente, de manera que, cuando medie petición de
éste, el médico está obligado a mantener el secreto.
II.- DECLARACIÓN
Con base en las anteriores
consideraciones generales, los participantes en el X Seminario-taller sobre
"Periodismo y Salud de cara al año 2000", especialmente dedicado al
estudio de las interrelaciones entre el "Derecho a la Información y a la
Salud", con el anhelo de expresar las expectativas y aspiraciones comunes
de los diferentes sectores involucrados, y con el compromiso de recabar
democráticamente el consenso de tales sectores, hemos formulado la siguiente DECLARACION
DE
PRINCIPIOS:
1.- Acceso a fuentes en salud
El derecho a la información, que implica
el de acceso a las fuentes informativas, cuando se refiere a la vida y la
integridad de las personas, debe ejercerse en forma especialmente responsable,
de manera que se evite cualquier exceso. Ello presenta la necesidad de
establecer reglas de conducta claras y conscientemente aceptadas. En igual
sentido, las instituciones deben abrir sus puertas a la información, pero
salvaguardando la seguridad médica del paciente, y los periodistas deben tener
libre acceso . a la información, pero con plena conciencia de su
responsabilidad social. De esa manera, debe, propiciarse un relación
informativa en la cual ni el ejercicio de las libertades implícitas perjudique
a la salud, ni la salvaguardia de ésta se convierta en una limitación
autoritaria al derecho general de disponer de una información objetiva y de
interés público.
2.- Apertura informativa
Se comprende que es necesaria una
apertura indiscriminada de parte de las instituciones de salud, para dar acceso
a la prensa, hacia personas o materias que sean de interés público, teniendo
solamente el cuidado de preservar la salud de los pacientes, garantizar su
recuperación y respetar los deberes de la ética profesional.
La apertura informativa institucional
implica, en especial, que en todo momento, incluidos los de crisis o de
ausencia de los titulares reconocidos, deben estar accesibles para la prensa,
voceros con la autoridad y la capacidad suficiente para proporcionar la
información que se demande o para facilitar adecuadamente la tarea del
periodista en la búsqueda de la información.
Debe tenerse presente que, en los casos
de emergencias o crisis, es cuando se hace más necesaria la presencia del
vocero autorizado, incluso con responsabilidades predefinidas que guíen con
seguridad las acciones de la prensa.
La apertura también debe comprender la
existencia de personal o de unidades responsables de la atención a la prensa,
que sirvan especialmente como primer contacto, orientadores, facilitadores y
canalizadores en la búsqueda de la información dentro de la institución de que
se trate. En este punto, es recomendable la institucionalización de
profesionales de la comunicación en las instituciones hospitalarias, con
criterios de facilitadores y desarrolladores de la comunicación colectiva en
salud.
Debe tenerse en cuenta la posibilidad de
que las unidades de comunicación puedan atender especializadamente la
información en cada uno de los tres sectores siguientes: información técnica,
información operativa e información de política institucional, lo que
permitiría también, aumentar la consistencia de la fuente y especializar la
información periodística.
3.- Limitaciones necesarias
Se reconoce la
existencia de lugares donde el ingreso debe ser restringido y debe respetarse
por razones de seguridad médica, asepcia y privacidad, como son las salas de
operaciones y los servicios de cuidados intermedios e intensivos, por ejemplo.
El acceso directo de los periodistas a los pacientes debe realizarse en condiciones en que no se ponga en riesgo la salud de éstos, y siempre contando con el consentimiento expreso, sea del paciente personalmente, de su familia o de su representante legal, cuando el caso lo amerite. El acceso a las instituciones de salud, y en especial a las áreas restringidas conviene que sea regulado en forma expresa y muy clara, de manera que el comunicador conozca con seguridad y de antemano, las limitaciones, los casos de excepción y los procedimientos a seguir para obtener la debida autorización cuando ello sea necesario. Esto podría implicar, inclusive, una adecuada señalización o la colocación de letreros, según sea concertado.
4.- Relaciones entre profesionales en
salud y periodistas
El derecho a la
información debe hacerse efectivo teniendo en consideración los intereses
vitales del paciente en comparación con el derecho general sujeto al interés
público, y sin que puedan prevalecer otros intereses o prejuicios personales o
de grupos.
Lo anterior implica la necesidad de
encontrar vías de acercamiento y solución, por medio de las cuales se superen
posibles conflictos entre los intereses y las responsabilidades profesionales
del personal médico, por una parte, y los de los periodistas, por la otra.
Es sabido que en algunas ocasiones se han
presentado roces entre los médicos o las autoridades de los centros de salud y
los periodistas que recaban informaciones. En la mayo ría de los casos sino en
todos, tales roces se deben, o cuando menos expresan, falta de entendimiento
mutuo, situación que a la larga repercute negativamente en el paciente, en los
mismos profesionales médicos y de comunicación, y en el público titular del
derecho a la información. Por el beneficio de todos los sectores, es
conveniente crear las condiciones que propicien ese sano entendimiento. Mención
especial merecen los casos de amenaza a la salud pública, los que ilustran
cómo, cuando la situación se enfrenta con actitud constructiva por todas las
partes, se logran resultados altamente encomiables (caso del cólera); pero
cuando priva la desconfianza y la descoordinación, los resultados pueden ser
desfavorables (caso del dengue).
En aspectos en que se halle en juego la
salud de todos, no se justifica la ocultación o la limitación injustificada de
la información. En todo caso conviene recabar un consenso responsable, ético y
positivo, cuya posibilidad y eficacia demuestra la experiencia. En especial,
debe considerarse que en aquellos casos en que razones muy poderosas impongan
una limitación o cesación temporal del flujo de información por parte de la
fuente en salud, es conveniente que el vocero explique la razón al periodista,
para recabar su comprensión y prevenir especulaciones o informaciones sin el
debido respaldo, que por este hecho podrían incluso ser perjudiciales.
5.- Coordinación de esfuerzos
Numerosos casos
demuestran que es posible la coordinación de los esfuerzos de comunicadores y
de personal e instituciones de salud, en tareas de beneficio general, y en las
cuales la prensa cumple su misión de informar y orientar y las instituciones
promueven la salud pública, sin menoscabo de sus respectivos derechos y
obligaciones. Un sano entendimiento entre ambas partes es recomendable buscar
por todos los medios posibles, en especial, mediante la comunicación constante,
incluyendo reuniones en que se discuta amplia y sinceramente esta problemática.
La relación entre médicos y periodistas
no puede aceptarse como una pugna, pero tampoco como un sometimiento de unos a
otros. Cada uno de esos profesionales tiene sus propias responsabilidades
sociales y el deber ético de cumplirlas con honestidad y eficiencia. Ello no
excluye, sino que implica la necesidad de que cada uno conozca la función y la
importancia de la actividad del otro, para facilitar una equilibrada
coordinación de esfuerzos.
Así, se considera la conveniencia de
celebrar encuentros y actividades que faciliten el conocimiento recíproco, el
respeto mutuo y la colaboración responsable. En especial se considera también
la necesidad celebrar jornadas médico-periodísticas, actividades formativas y
cursos superiores sobre el tratamiento de la información de salud, a nivel de
pregrado y de postgrado, para ambos sectores, y conferencias sobre la
importancia social de la información.
Entre esas actividades
debe considerarse la posibilidad de aquellas que propicien la coparticipación
de periodistas con directores hospitalarios, autoridades institucionales y
jefaturas claves, y de éstos con directores de los medios informativos, con el
objeto de que cada parte tenga un conocimiento funcional, actualizado y de
primera mano, acerca de los planes, las expectativas y las actividades de los
otros.
6.- Conocimiento recíproco
Si bien es indispensable que el
periodista conozca la fuente y la materia informativa, también es necesario que
el profesional de la salud conozca la importancia social de la comunicación,
los requerimientos profesionales de la información y las graves limitaciones en
que el periodista debe cumplir su labor. En especial, el médico debe comprender
lo que significa para el periodista la hora de cierre de edición y sus
implicaciones en cuanto a tiempo y a profundidad de las informaciones.
En el mismo orden de ideas, es
recomendable que se elaboren glosarios técnicos de medicina para periodistas y
de periodismo para médicos. También es recomendable la participación de
comunicado res, sean institucionales o redactores de medios, en las actividades
oficiales referidas a la salud, lo que facilitará el conocimiento de éstos
sobre los planes de desarrollo y las realizaciones en el sector.
Respecto de este punto y de los dos
anteriores se advierte la necesidad de establecer un programa permanente de
análisis de casos.
7.- Etica periodística
En la búsqueda de la información, los
periodistas deben sujetarse a los cánones de su ética profesional en cuanto al
respeto de los derechos de los demás, y desplegar su buen juicio en cuanto a
las necesidades de la discreción, de respeto a la moral pública y de compromiso
con el interés público, el bienestar general y el bien común.
En todo caso, debe considerarse que el
periodista necesita siempre un consiste conocimiento y dominio en el
tratamiento de la información sobre salud, lo mismo que de la legislación
positiva que regula los campos de la salud y de la comunicación, y de la
deontología periodística, todo lo cual es base de los más sólidos fundamentos
éticos y de la actividad responsable. En casos determinados, las prescripciones
de la ética pueden recomendar una prudente espera a que el paciente se recupere
o adquiera plena conciencia de su condición. Que en situaciones en que el
paciente se encuentre en condiciones críticas, el periodista deba actuar con el
mayor respeto hacia la vida, la integridad y la seguridad médica de aquél.
8.- Intimidad y vida privada
El dolor es parte de la
intimidad de la persona. Toda persona tiene derecho a sufrir su dolor en
privado, sin injerencias de ninguna clase y sin innecesarias exposiciones a la
observación pública. En situaciones de sufrimiento, conviene que tanto los periodistas
como el personal de salud, actúen con el mayor tacto, respeto y consideración
para quien sufre, como para el público general que no debe ser expuesto al
estímulo de la curiosidad más que a la expectativa de la información.
La esfera de la intimidad debe
considerarse a cubierto de toda injerencia, y en el caso de las personas
privadas de salud, es uno de los bienes jurídicos que la institución
responsable debe garantizarle a sus pacientes. La vida privada de las personas,
a diferencia de lo que se considera estrictamente íntimo, puede ser objeto de
información solamente en aquellos aspectos que presenten real interés público.
Con ello presente, conviene que la institución sustraiga de la
observación externa las áreas de operación y de cuidados de recuperación, y es
indispensable que los comunicadores comprendan, acepten y respeten esas
reservas.
Debe entenderse que tales restricciones,
en casos de notables acciones médicas que interesan extraordinariamente a la
sociedad (por ejemplo, los trasplantes de órganos), esas restricciones deben
flexibilizarse, con la única reserva de satisfacer los propósitos de la
información y no los de una curiosidad que puede ser morbosa. En este punto
también debe tenerse en cuenta que la evolución ulterior del paciente concernido
normalmente presentará interés informativo para el comunicador.
9.- Derechos de los menores y de la mujer
agredida
Los menores de edad,
legal mente excluidos del derecho penal, deben ser tratados con la mayor
discreción, cuando problemas relativos a su salud se consideren de interés
público y sean objeto de informaciones periodísticas. En especial se debe
tratar de proteger su imagen, su nombre, su voz y todo otro elemento que
facilite su identificación y pueda contribuir a su estigmatización pública.
En algunos casos, ocurre que los
parientes de algún menor afectado en su salud o integridad por hechos que se
consideran de interés público, exponen al menor a la observación general. En
tales casos, son los sólidos principios deontológicos del comunicador, la
garantía para salvar a ese menor de un estigma que podría afectarle durante
toda su vida.
Es recomendable que los profesionales de
la salud y del periodismo, adopten similar actitud ética en los casos en que se
vean involucradas mujeres se vean involucradas mujeres agredidas, por correr
ellas riesgo parecido en cuanto al estigma social.
10.- Información objetiva
En ningún caso es correcto pretender que
se sustraiga de la información y de la crítica pública, el funcionamiento de
las instituciones de salud, o la conducta profesional de los médicos y personal
de salud, pero es conveniente que tales informaciones y críticas se
contextualicen y se evalúen objetivamente en el marco global de la salubridad pública
y la relevancia estadística.
Esta recomendación no pretende ocultar o
aminorar faltas o errores, sino mantener un nivel de objetividad que fundamente
la confianza en el sistema de salud, confianza en que descansa gran parte de la
eficacia de los servicios curativos y preventivos.
11.- Seguridad informativa
Las regulaciones explícitas al derecho a
la información, si son democráticamente concertadas, pueden asegurar el
principio de seguridad informativa, en el sentido de que cada uno de los
sectores sepa y acepte responsablemente los límites de sus derechos y
obligaciones dentro del proceso informativo. Cada sector involucrado debe estar
seguro de lo que debe y de lo que no debe hacer y, sobre todo, debe aceptarlo
con plena conciencia y con voluntad autónoma.
Ese principio es garantía para los
periodistas en su función de recolectar y difundir informaciones, para los
pacientes que requieren un adecuado proceso de curación y recuperación física y
psicológica, y para las instituciones de salud, que deben abrir sus puertas al
flujo informativo sin lesionar los derechos ni de sus pacientes, ni de la
sociedad entera.
12.- El sensacionalismo negativo
Con frecuencia la fuente médica -e
incluso sectores del público reclaman contra lo que puede llamarse sensacionalismo
negativo en las informaciones acerca de la salud.
Este aspecto debe considerarse con mucho
cuidado, partiendo de bases que puedan conducir a conclusiones objetivas. Así,
deben considerarse las siguientes observaciones:
- A veces puede ocurrir que la fuente no
esté presta a proporcionar a la prensa, todas las informaciones positivas de
que disponga, bien por que incorrectamente considere que no tienen interés
público, bien porque no plenamente consciente de responsabilidad informativa o
por otra causa similar.
- Se dice que el error siempre tiene
vocero, y ello hace alusión a que es más fácil que trasciendan informalmente
los problemas, porque soluciones generalmente requerirán canales formales.
- Puede ser que haya cultura de
sensacionalismo negativo: que el periodista advierta más fácilmente la
información negativa, pero también puede ocurrir que la fuente en su papel de
lector de periódicos, en el conjunto informaciones favorables y desfavorables,
advierta más fácilmente y sobrevalúe información negativa publicada.
- Es necesario que este tema sea objeto
de estudio y reflexión por parte de profesionales en salud y comunicación y, de
ser posible, tema de intercambios frecuentes y sinceros.
En este punto, es también muy necesario
el establecimiento de un programa permanente de análisis de casos.
Guácimo, 29 - 30 de octubre de 1993.