DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL

ABUSOS DESHONESTOS

INDEPENDENCIA DE LAS VÍAS LABORAL Y PENAL

PÉRDIDA OBJETIVA DE CONFIANZA

CONDUCTA INTACHABLE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (AÚN FUERA DE SU CENTRO DE TRABAJO Y DE SU JORNADA LABORAL)

 

 

Ordinario laboral de J.R.B. contra Caja Costarricense de Seguro Social

Expediente No.97-002673-0166-LA

Resolución No.2001-00097 de las 8:40 horas del 9 de febrero de 2001

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia

 

 

El señor J.R.B., exfuncionario del Hospital Nacional de Niños, presentó el 26 de agosto de 1997, demanda laboral en contra de la Caja, a fin de que se le reconociera el pago de los siguientes extremos:

 

  1. Que se le reinstale en el puesto de trabajo tal y como establece el artículo 25 del documento de Normas, con el pleno disfrute de todos los derechos laborales.

  2.  

  3. Que se le pague los salarios dejados de percibir desde su ilegítimo despido y hasta su efectiva reinstalación.

  4.  

  5. Pago de los intereses legales adeudados sobre dichas sumas.

  6.  

  7. Pago de ambas costas de esta acción.

 

    En defecto de lo anterior, me reservo a solicitar en la etapa de ejecución de sentencia lo siguiente:

  1. Pago del preaviso y auxilio de cesantía, de conformidad con el salario devengado durante el último semestre de la relación laboral.

  2.  

  3. Pago de las vacaciones y aguinaldo proporcionales, correspondientes al último período laborado.

  4.  

  5. Pago de los salarios dejados de percibir desde su ilegítimo despido y hasta que recaiga sentencia desfavorable contra la accionada.

  6.  

  7. Pago de los intereses legales adeudados sobre estas sumas.

  8.  

  9. Pago de ambas costas de la acción.

 

El señor R. fue despedido por pérdida de confianza, en virtud de que en su contra se inició un proceso penal por la supuesta comisión de abusos deshonestos en perjuicio de una menor. Dadas las funciones que desempeñaba con la Institución, se consideró que mantenerlo en su puesto sería un riesgo para el bienestar de los niños internados en el Hospital.

 

Mediante sentencia No.3248, dictada por el Juzgado de Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las 8:30 horas del 21 de agosto de 1998, se condenó a la Caja al pago de las prestaciones laborales del actor. No obstante, la Jueza consideró que existían suficientes elementos para que se configurara la pérdida de confianza, es su criterio que al no tratarse de hechos debidamente comprobados, debe cancelarse al señor R. sus prestaciones laborales. Al respecto, se cita la sentencia de marras:

 

[...] no puede objetarse que el patrono le perdiera la confianza al actor, hecho que tornó en imposible el proseguir con la relación de carácter laboral que les ligaba, sin embargo, por ser el auto de procesamiento que se dictó en su contra de carácter provisional por llamarlo de alguna forma, toda vez que puede ser revocado o reformado, por no haber resultado del todo positivo el reconocimiento que se practicó en la persona del actor a fin de determinar si él era el sujeto responsable de ultrajar a la menor por considerar el mismo juzgador penal que era factible que un sujeto parecido a él fuera el causante de la agresión, se configuró una duda en cuanto a su participación en los hechos, lo cual incide en que la situación en que se basó la pérdida de confianza no sea tan objetiva, pues lo único totalmente objetivo de esta situación fue el dictado del procesamiento [...] Resolver lo contrario implicaría perjudicar en gran medida a las dos partes, al demandado porque por el objeto y forma del funcionamiento de ese centro de trabajo no resulta factible para el patrono mantener dentro de su seno a un individuo sobre el cual se hayan realizado acusaciones de esa índole, esto por el nivel de desconfianza, descontento e intranquilidad que tal situación podría generar para con los pacientes y los encargados de estos y para el trabajador pues aparte de ser víctima de una denuncia por un hecho que no cometió perdería su medio de subsistencia [...] el despido resultó ajustado a derecho sin embargo con ocasión del mismo debieron haberse cancelado las prestaciones al trabajador pues debió haber sido con responsabilidad patronal, dado que no se estableció en forma objetiva que el actor hubiera cometido la conducta de la cual se le acusa [...]

El anterior fallo fue apelado ante el Tribunal Superior, y éste acordó dejar en suspenso el dictado de la sentencia, a fin de conocer lo que se resolviera oportunamente, en la sede penal. Al dictarse la condenatoria en contra del señor R., el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José, declaró sin lugar la demanda en sentencia No.0419, de las 9:35 horas del 12 de mayo de 2000.

 

Es evidente para el Tribunal que en el caso concreto se dio una pérdida de confianza objetiva, circunstancia suficiente para que se diera el despido sin responsabilidad patronal. Sobre este particular, el voto en comentario a la letra dice:

 

[...] Bien sabemos que la pérdida de confianza genera la imposibilidad de continuar la relación laboral entre las partes. Debe quedar muy claro al recurrente, la independencia de vías laboral y penal, en ésta no es necesario demostrar culpabilidad alguna para proceder a la máxima sanción, como lo es el despido del trabajador. Al respecto tenemos también, el voto No.181 de las 9 horas del 5 de agosto de 1992, que en lo que interesa dice:

 

La potestad disciplinaria del patrono para sancionar a su empleado por determinada conducta, no está subordinada a los resultados de un proceso penal, en el que se investigue ese comportamiento, pues, su ejercicio, goza de independencia y se sujeta, exclusivamente, a las limitaciones que le impone la legislación laboral y la buena fe [...] De ahí que, si el proceder del trabajador puede considerarse reprochable, desde el punto de vista laboral, y con relación a sus obligaciones de trabajo, ello no depende, ni está condicionado de alguna forma, a lo que en la vía represiva se pueda resolver al respecto, ni viceversa [...] Ello conduce a afirmar que los patronos, una vez que lleguen a conocer alguna acción de sus empleados, que amerita sanción, deben, dentro del mes posterior a ese conocimiento, imponerles la que estimen conveniente, sin esperar a que intervengan los Tribunales penales o que estos se manifiesten sobre ello; de no hacerlo, su poder disciplinario, con relación a la conducta que amerita el castigo, se vería afectado por la prescripción, devendría en ilegítima cualquier medida disciplinaria que se le imponga, después de ese mes (artículo 603 del Código de Trabajo).

 

Es claro que el actor laboraba en el Servicio de Ropería, del Hospital Nacional de Niños, en el cual se tenía que desplazar a todos los salones donde se encontraban menores hospitalizados. No se puede tener a un trabajador que ha faltado a las reglas morales, éticas y que puede seguir haciendo daño a la niñez costarricense con problemas de salud que acude en busca de atención médica a ese nosocomio. Si lo permitiéramos, pondríamos en peligro inminente a esta vulnerable población infantil. También es claro, que la niña afectada reconoció al actor, en sede penal, aun cuando luego se dictara una falta de mérito. En el caso en estudio la pérdida de confianza se convierte en una falta grave sancionada con el despido, sin responsabilidad patronal.

 

El actor presentó recurso de casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia; no obstante, la sentencia del Tribunal fue confirmada mediante resolución No.97-01 de las 8:40 horas del 9 de febrero de 2001. Reiteran los Magistrados de la Sala Segunda en sus consideraciones, que "las vías penal y laboral son independientes una de la otra"y que "el resultado de un proceso penal, salvo en las circunstancias previstas en el artículo 164 del Código Procesal Civil, no puede influir jurídicamente en la decisión que haya de tomarse, al momento de valorar la autoría de una falta laboral"; no obstante, las actuaciones endilgadas al señor R. en la vía penal, pueden ser consideradas como una falta grave en la vía laboral, que conlleve al despido; al efecto, señala el voto en mención:

 

[...] El artículo 19 del Código de Trabajo, en lo que interesa, dispone:

 

El contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley [...]

 

Es un hecho público y notorio que el Hospital de Niños se ocupa de la atención de los menores en materia de salud, como también lo es que para realizar esa encomiable labor se requiere de personal calificado y, a su vez, confiable; toda vez que, a él acuden y en él permanecen niños, quienes en razón de su minoridad y su estado de salud, requieren la mayor atención y protección. Si bien es cierto, los hechos cometidos por el actor no sucedieron en ni con motivo de su trabajo, la verdad es que, tienen incidencia necesaria en las labores por él desempañadas. Está acreditado que, en el cumplimiento de sus obligaciones dentro del Hospital, como "Trabajador de Proceso 2", podía ingresar a sus distintos salones, de lo cual, se deduce, sin lugar a dudas, que estaba en constante contacto con los niños a quienes se les brindaba atención en el nosocomio [...] Aquel comportamiento inescrupuloso de su parte en perjuicio de una niña, razonablemente hizo que la demandada perdiera objetivamente la confianza, pues, en modo alguno, podía permitir que permaneciera a su servicio una persona que constituía un peligro para los menores. En el caso contrario, es decir, de haber permitido la continuidad de la relación de servicio, la demandada, podría tildarse, de irresponsable en el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad costarricense le ha confiado, en este caso, el de velar por la salud integral de los niños. El demandante, por supuesto que incurrió en falta grave en los términos del artículo 81 del Código de Trabajo, pues la vinculación que mantenía con su empleadora lo obligaba a actuar en sus relaciones privadas en forma intachable, como intachables deben ser siempre las personas que se requiere para intervenir en las tareas que un Hospital como lo es el de Niños, está obligado a realizar.

 

Es importante tener presente este fallo, que se configura en jurisprudencia laboral, pues refuerza lo expresado en la Ley Constitutiva de la Caja respecto de la idoneidad de los funcionarios de esta Institución; además de la conducta intachable que debe caracterizar a todos los funcionarios públicos, dentro y fuera de su centro de trabajo.