Artículo 53 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social

Certificación de Adeudos

Excepciones que se le oponen en vía ejecutiva

Elementos probatorios de descargo

Potestad certificadora de la Caja

Potestad de imperio

Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 53, párrafo segundo, de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social

Expediente No.99-008763-0007-CO

Voto No.4264-00 de las 16:48 horas del 17 de mayo de 2000

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

 

La señora M.E.M.D. presenta acción de inconstitucionalidad en contra del párrafo segundo del artículo 53 de la Ley Constitutiva de la Caja, pues considera que esta norma violenta "el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de igualdad".

 

Considera la accionante que dicha norma "le confiere una potestad evidentemente desproporcionada a la Caja Costarricense de Seguro Social, en detrimento de los derechos de los ciudadanos, pues contra el título ejecutivo que emana de esa entidad no se admite ninguna prueba de descargo, que determine que lo consignado en dicha certificación no se ajusta a la verdad de los hechos".

 

La Sala Constitucional, mediante resolución No.4264-00, declaró sin lugar la acción. A ese efecto, los Magistrados destacan la potestad certificadora que posee la Caja:

 

(...) la potestad certificante de la Caja Costarricense de Seguro Social obedece a una necesidad del Estado en el manejo del régimen de seguros sociales, al otorgar un mecanismo que posibilita el eficaz cobro de las sumas que se le adeudan. Así, en la sentencia número 3853-93 de las nueve horas nueve minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y tres se resolvió:

El artículo 73 de la Constitución dispone, en lo que interesa:

 

Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

De esta norma deriva la facultad del Estado, delegada en la Caja Costarricense de Seguro Social para administrar todo lo relativo a los Seguros Sociales. Se establece allí también, a nivel constitucional, la contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores para financiar esa seguridad social. Esto implica, necesariamente, que la Caja debe contar con los mecanismos legales adecuados para poder compelir a las partes al pago de las sumas que se le deben y el que tenga la potestad de emitir certificaciones con carácter de títulos ejecutivos a esa necesidad.

Señala la Sala la falsedad de lo afirmado por la accionante respecto de que tales certificaciones no admiten prueba de descargo; y, al efecto, considera lo siguiente:

 

(...) En primer término se señaló que la restricción contenida en la norma respecto de las excepciones que pueden oponerse en los procesos ejecutivos basados en certificaciones extendidas por las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, se encuentra derogada tácitamente por el Código Procesal Civil, que indica en el artículo 433 que en los procesos ejecutivos pueden plantearse las siguientes excepciones: falta de competencia, falta de capacidad o defectuosa presentación, indebida acumulación de pretensiones, prescripción, caducidad, pago, falta de derecho y falta de legitimación. Así en la sentencia número 2858-92 de las catorce horas treinta minutos del ocho de setiembre de mil novecientos noventa y dos se resolvió:

 

Como consecuencia directa de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma antes aludida, mediante la cual se reformó el párrafo segundo del artículo 53 de la Ley No.2765 del 22 de junio de 1961, debe entenderse vigente esta última, con la advertencia de que al entrar en vigencia el Código Procesal Civil (Ley No.7130 del 3 de noviembre de 1989), se derogó implícitamente la restricción contenida en esa norma, en cuanto a que solo podía admitirse la excepción de pago. En consecuencia, en los procesos ejecutivos que promueva la Caja Costarricense de Seguro Social para el cobro de las cuotas obrero-patronales, deben entenderse también oponibles las excepciones a que alude el artículo 433 del Código Procesal Civil.

Respecto de la alegada violación al principio de igualdad, la Sala reitera lo ya resuelto en el Voto No.3853-93, que –en lo que interesa- dispone:

 

El consultante estima que la norma es inconstitucional por violar el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución, al no permitir la participación del posible deudor en la creación del título ejecutivo, "situación que puede llevar incluso a que se dé un título ejecutivo, sobre una deuda que puede no existir". El principio de igualdad que aquí se alega como violado ha sido definido y delimitado jurisprudencialmente por esta Sala a través de varios fallos, al decir que,

 

El principio de igualdad tal y como ha sido entendido por el Derecho Constitucional, hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución, que son el corolario de la dignidad humana. En cambio deben ser tratados desigualmente en todo aquello que se vea sustancialmente afectado por las diferencias que naturalmente median entre los ciudadanos

Si la misma Constitución determinó que sea la Caja Costarricense de Seguro Social la institución encargada de administrar y gobernar los seguros sociales, lo que incluye el cobro de la contribución forzosa que deben hacer los patronos y trabajadores a fin de financiar el régimen y además, la forma de cobro se aplica en igualdad de condiciones a todos los administrados que se encuentren en mora con la institución, no existe violación alguna al principio de igualdad que alega el accionante. La Caja es la encargada de cobrar, a fin de poder brindar los servicios que se le encomendaron y son los patronos y trabajadores quienes contribuyen, siendo esta contribución forzosa por mandato constitucional.

Y, sobre este particular, concluye la Sala lo siguiente:

 

(...) El principio de igualdad tampoco es vulnerado porque la potestad certificante que se le confiere a la Caja Costarricense de Seguro Social es propia de los entes públicos, que están revestidos de la potestad de imperio de la que no gozan obviamente los particulares (...)